jueves, 31 de marzo de 2011

Jerarquía católica, crisis moral sin precedentes*

México DFenero 10 de 2011. (NOTIESE)
Como nunca antes, los dardos difamatorios arrojados por los jerarcas católicos contra los defensores del Estado laico se les revierten como certeros bumerang. Las acusaciones de “intolerantes”, “fundamentalistas”, “talibanes laicistas” y “autoritarios” lanzadas por la Arquidiócesis Primada de México contra el gobierno capitalino y los legisladores locales por aprobar “leyes inmorales e injustas” (en referencia a los matrimonios del mismo sexo, la interrupción del embarazo y otras), publicadas en el semanario Desde la Fe, describen más a quienes las profieren que a quienes van dirigidas.
 
La intolerancia y el odio exhibidos por obispos, arzobispos y cardenales contra las autoridades ejecutivas y legislativas que promovieron las reformas del matrimonio civil son proverbiales.
 
Mientras la sociedad mexicana da muestras de madurez y civilidad al abordar temas de mucha controversia de manera democrática y respetuosa de los procesos institucionales, la jerarquía católica profiere acusaciones sin sustento y exhibe su vulgaridad expresiva a falta de argumentos sólidos.
 
La jerarquía católica vive una crisis moral sin precedentes. Salpicada por acusaciones de corrupción, fraude, enriquecimiento inexplicable, abusos sexuales y encubrimiento de pederastas, ha perdido mucha de su credibilidad y autoridad moral. Sobre todo porque se ha mostrado laxa y remisa a la hora de limpiar la propia casa. Quienes delinquen al amparo de la cruz y la sotana se benefician de una doble impunidad: eclesiástica y jurídica, lo que para amplios sectores resulta intolerable.
 
*Editorial publicado en el número 174 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 6 de enero de 2011
 

VIH en México








México DFdiciembre 06 de 2010. Resulta inexacto y falto de credibilidad afirmar que el número de nuevas infecciones de VIH/sida en México disminuyó de 25 mil a 10 mil casos del 2008 al 2010 (lo que representaría una reducción de 60 por ciento), como afirman el secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, y el director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), José Antonio Izazola, en varias notas periodísticas del 27 de noviembre.
Onusida estima un rango de 8 mil 800 a 21 mil nuevas infecciones en 2009 para nuestro país en su más reciente reporte mundial, sin mencionar para nada el milagro mexicano de la drástica reducción de infecciones.
Si bien es de esperarse que tanto el potencial efecto preventivo de los tratamientos antirretrovirales como el impacto de las acciones de prevención se manifiesten a la larga en una disminución de nuevas infecciones, lo cierto es que hay un retraso de varios años en la notificación de los casos de sida y de VIH que impiden conocer las dimensiones reales de la epidemia.
Además, con la promoción masiva de las pruebas rápidas de detección lo que se esperaría es justo lo contrario: un aumento de casos positivos toda vez que de las 225 mil personas que se calcula están infectadas la mayoría desconoce su situación.
¿En qué basan sus estimaciones los funcionarios de Salud citados? Sería conveniente que lo aclararan porque de otro modo las cifras manejadas a la ligera y sin sustento solo crean confusión y desconfianza en los dichos y las acciones de las propias autoridades de Salud.
*Editorial publicado en el número 173 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 2 de diciembre de 2010

En Puebla buscan crear centro para “curar” homosexuales

Méxicomarzo 31 de 2011.
Miembros de la Asociación Jurídica Juvenil de Puebla, el Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana y otras organizaciones no gubernamentales, interpondrán un recurso de reclamación ante la Comisión de Derechos Humanos del estado, contra el director del Instituto Poblano de la Juventud (IPJ), Guillermo Almazán Smith, por pretender evaluar la posibilidad de crear un centro para “curar” a los homosexuales, tal como los que ha promovido el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, en Guadalajara, Jalisco.
 
Los activistas señalaron que esperan tener la misma apertura que tuvieron por parte del gobierno estatal y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla cuando tramitaron una queja en contra del ex director general de Centros de Reinserción Social del estado (Cereso), Aldo Enrique Cruz Pérez, quien emitió públicamente comentarios homofóbicos.
 
En entrevista con La Jornada de Oriente, Marco Antonio Moreno, representante de la Asociación Jurídica Juvenil de Puebla, explicó que aunque esta acción no se ha concretado, el funcionario atenta contra los derechos humanos con el simple hecho de analizar la probable inserción de grupos de ultraderecha que promueven la “sanación” de homosexuales mediante terapias psicológicas y psiquiátricas.
 
Refirió que con sus comentarios abre la posibilidad de instrumentar recursos discriminatorios hacia la homosexualidad, misma que desde el 17 de mayo de 1990 fue suprimida de la lista de las enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
El activista calificó como inaceptable que un funcionario pretenda instaurar políticas públicas con base en doctrinas religiosas y no en apego a los documentos que rigen a la nación como la Constitución Política cuyo artículo 1 prohíbe la discriminación por motivo de las preferencias sexuales de las personas.
 
“No podemos tener un funcionario que basado en la ciencia religiosa está aceptando esta ridícula sintomatología o síndrome de atracción hacía personas del mismo sexo que se han inventado y que en nombre de esto y de la medicina, están atacando los derechos humanos para normalizar a unas personas. La homosexualidad es una orientación, que además está reconocida en el artículo primero de la Constitución federal”.
 
Advirtió que la apertura mostrada por Almazán Smith para escuchar a todas las organizaciones no gubernamentales, también incluye la de atender a las asociaciones que atentan contra el Estado laico y burocrático.
 
Este lunes, el titular del Instituto Poblano de la Juventud (IPJ), Guillermo Almazán Smith, informó que evaluará la posibilidad de crear un centro de rehabilitación para homosexuales en Puebla, tal como los que ha promovido el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en Guadalajara, Jalisco.
 
Los centros de rehabilitación para homosexuales son proyectos impulsados por organizaciones de ultraderecha como el Courage Latino y el Instituto Mexicano de Orientación Sexual que promueven la “sanación” de personas que “sufren por su condición de atracción al mismo sexo”.
 
La sanción que ofrecen estos centros se basa en anécdotas testimoniales de homosexuales supuestamente recuperados y en terapias psicológicas y psiquiátricas.

Se confirma red de pederastia denunciada por Lydia Cacho

Dan más de 13 años de cárcel a Succar Kuri


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 30 mar 11 (CIMAC).- A más de 10 años de que la periodista Lydia Cacho Ribero pusiera al descubierto una red de pornografía infantil dirigida por Jean Succar Kuri en su libro “Los demonios del Edén”, el empresario fue sentenciado hoy a 13 años, un mes y 15 días de prisión por los delitos de pornografía y corrupción de menores.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado Xavier Olea Peláez, quien defiende a tres de las víctimas, afirmó que esta tarde el juez federal Alfonso Gabriel García Lanz del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo notificó la sentencia, la cual –dijo– es una de las más altas que se han dictado.

Agregó que Succar Kuri deberá pagar una multa de 85 mil pesos y una indemnización de 350 mil pesos a cada una de las víctimas. En opinión del abogado “el proceso jurídico, si bien fue largo, se llevó conforme a derecho, cumplió con todos los requisitos de la ley y el actuar del juez y del personal de juzgado fue el adecuado”.

Explicó que este fallo fue por dos delitos integrados en un solo procedimiento pero recordó que aún hay una causa del fuero común que está en trámite por los delitos de violación, violación equiparada y abuso sexual. Mientras que la Procuraduría General de la República tiene abierta otra indagatoria por lavado de dinero.

El abogado también precisó que Succar Kuri no tiene derecho al beneficio que otorga la ley de reducción de penas porque fue acusado de delitos sexuales y contra menores de edad, los cuales son considerados como “graves”, por ello tendrá que cumplir hasta el último día de su sentencia, aclaró.

El empresario fue arrestado en 2004. Primero estuvo detenido en Chandler, Arizona, Estados Unidos, y luego de años de litigio fue extraditado a México donde enfrentó el proceso penal que hoy concluyó.

Cabe mencionar que también se le acusó de urdir, junto con el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, la detención de Lydia Cacho, quien evidenció en “Los demonios del Edén” el reclutamiento y abuso sexual de niñas por parte de Succar Kuri.

Según los argumentos de las víctimas, todas procedentes de familias marginales, el inculpado se hacía llamar por las niñas "Tío Johny", las invitaba a una de sus lujosas villas en la zona hotelera de la ciudad de Cancún y allí abusaba de ellas.

SUCCAR KURI Y LYDIA CACHO

La periodista Lydia Cacho fue detenida por policías poblanos en diciembre de 2005 a las puertas de las oficinas en el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), en Cancún, Quintana Roo, bajo los cargos de difamación por su investigación publicada en “Los demonios del Edén”, donde denunció una red de pornografía.

Tras los hechos, Lydia Cacho interpuso tres demandas: contra el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín; la procuradora estatal Blanca Alicia Villeda y otros funcionarios, por tráfico de influencias, abuso de autoridad y diferentes formas de tortura.

Denunció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas y ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), a la presunta red de explotación sexual infantil destapada en su libro.

En 2007 Edith Encalada Cetina, una de las principales víctimas de Succar Kuri, demandó a Lydia Cacho por haber utilizado su testimonio públicamente en “Los demonios del Edén” y pidió la cantidad de 100 mil pesos para “resarcir” el daño moral, es decir, lo que entonces correspondía al 20 por ciento de las regalías del libro.

El 21 de agosto de 2009 la jueza del Juzgado 17 de lo civil en el DF, Rosario Mancera le notificó a Lydia Cacho que había ganado el juicio civil en su contra.

Entre las pruebas aportadas por la defensa de la periodista ante el Juzgado 17 de lo civil en el juicio que ganó después de dos años, estuvo un video de una entrevista que el conductor de televisión Óscar Cadena hizo a Edith Encalada dos años antes de que se publicara el libro, donde ella relata los abusos sexuales que sufrió por parte de Succar Kuri.

Con la sentencia que hoy dictó el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo se acredita la responsabilidad en los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores que la periodista documentó en 2005 contra Succar Kuri.

Defiende la libertad de expresión: Rosario Nieto

Axólotl, radio comunitaria con perspectiva de género


Por Carolina Velázquez, enviada

Mérida, 30 mar 11 (CIMAC).- En 2010 nació aquí la radio comunitaria Axólotl, bajo la dirección de la antropóloga feminista Rosario Nieto, proyecto que busca poner al servicio de la ciudadanía el derecho a la información y la libertad de expresión.

Con su creación, Nieto espera sembrar “la primera semilla” para impulsar otros esfuerzos que permitan construir redes informativas a lo largo y ancho de esta región del sureste de México.

Así lo señaló su directora en Luna Maya. El espacio de todas las Mujeres, columna que publica la periodista Socorro Chablé en Por Esto!, el segundo diario más importante de la península yucateca.

La radio cuenta ya con una pequeña cabina de producción radiofónica, ubicada en la casa de Rosario Nieto, también integrante del equipo de comunicación social del Instituto de Equidad y Género de Yucatán (IEGY).

Desde este lugar se trabaja “con la intención de crear un amplio y diverso catálogo de programas para compartirlo con emisoras de todo el sureste”, explica su directora.

Para este propósito y desde una perspectiva de género, Nieto define a Axólotl como un espacio que busca tender puentes de comunicación con asociaciones civiles y personas interesadas en hacer un trabajo radiofónico diferente al de las radios comerciales, que no siempre se interesan en los temas sociales.

Luego de un camino recorrido por varias estaciones radiofónicas —Radio Ecológica y Radio Universidad— trabajar en el IEGY le permitió un mayor desarrollo profesional, sensibilizarse en la perspectiva de género y un mayor acercamiento con la teoría feminista, un conocimiento que antes no tenía.

Asistir al XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 2009, le cambió radicalmente la vida. “Me despertó la conciencia”, admite.

Ver de cerca el trabajo del evento, escuchar los obstáculos a los que se enfrentan y observar su valentía y compromiso en la lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, la inspiró de una manera que no experimentó antes cuando estudiaba Antropología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Su tesis de en donde su tesis de licenciatura se tituló “Educación sexual en mujeres universitarias”.

Con relación a la academia, opina que es “un mundo elitista que rara vez comparte con el resto de la población el conocimiento que ahí se genera”.

Respecto a su vivencia en el XI Encuentro Feminista cuenta en Luna Maya: “Ahí me di cuenta de lo que en realidad quería, un proyecto que me permitiera combinar mi experiencia en la radio y los conocimientos y herramientas que adquirí en la Universidad para poder trabajar con gente que comparte el sueño de mejorar el mundo”.

Entre los espacios independientes que han sido un oasis informativo para Axólotl están: Radio Bemba, La Voladora Radio y la agencia Cimacnoticias de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

A partir de este proyecto, Rosario Nieto exhorta a quienes deseen aportar ideas que se acerquen y sumen a la propuesta, ya que para ella, es muy importante que las mujeres “aprovechen la tecnología actual y hagan un buen uso del Internet para ponerlo al servicio de la sociedad”.

“Violencia en Juárez va en aumento”: Irene Miramontes

Cumple Justicia para Nuestras Hijas 9 años de lucha


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 30 mar 11 (CIMAC).- Con limitaciones y tristeza pero con la esperanza de obtener justicia para Paloma Angélica Escobar Ledezma, las 104 mujeres asesinadas en los últimos tres meses y las cientos de desaparecidas desde 2002, la organización civil Justicia para Nuestras Hijas cumplió nueve años de trabajo.

En medio de la delincuencia común que se agravó con las pugnas de los cárteles del narcotráfico y el cerco militar, esta asociación surgió en 2002 como una herramienta de las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua y Ciudad Juárez que buscaban la verdad, la justicia y el cese de la impunidad.

En entrevista con Cimacnoticias, Irene Miramontes, directora de Desarrollo de Justicia para Nuestras Hijas, señaló que aunque la organización se creo para luchar contra el feminicidio, hoy ven con indignación que la violencia va en aumento. Ellas comenzaron coadyuvando en seis casos y hasta el momento llevan 52 casos.

Norma Ledezma junto con otras mujeres fundó esta organización luego de que su hija Paloma Angélica Escobar Ledezma de 16 años desapareció el 2 de marzo de 2002 en Ciudad Juárez cuando salió de su casa para ir a sus clases de computación. Nunca regresó porque días después, el 29 de marzo del mismo año, fue encontrada muerta.

A partir del hallazgo del cuerpo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos. De acuerdo la asociación, mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización.

Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2006, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que lo aceptó el 14 de diciembre de 2006.

Actualmente el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Al conmemorar el noveno aniversario de la organización, Norma Ledezma expresó: “Nunca pensé que el asesino de Paloma estaría cobijado y protegido por la impunidad. Y es por esa impunidad de la que en el estado de Chihuahua se goza que aún no hemos encontrado el asesino de Paloma ni de tantas otras mujeres”.

Por su parte, Irene Miramontes señaló que pese a los altos índices de violencia y asesinatos dolosos de mujeres, siguen trabajando por el cese de estos crímenes. Ofrecen apoyo legal y psicológico, pero además investigan, acompañan a los agentes ministeriales en las diligencias de investigación y en el análisis de los expedientes.

El resultado de su ardua labor son cuatro sentencias condenatorias, una de ellas por feminicidio, y el hallazgo con vida de 15 mujeres sobrevivientes de feminicidio y trata de personas. El más reciente éxito fue la creación de la Unidad Especializada en Feminicidio y Delitos de Género.

El gobierno de Chihuahua y Norma Ledezma ayer anunciaron la creación de esta unidad –que en un futuro podría convertirse en Fiscalía a solicitud del gobernador César Duarte–, la cual buscará dar seguimiento a delitos de este tipo en la zona centro de la entidad, donde Justicia para Nuestras Hijas tiene 20 casos registrados. 

Proyecto de OSC de Yucatán y la ONU

Publican manual sobre derechos de comunidad lésbico-gay 


Por Carolina Velázquez, enviada

Mérida, 31 mar 11 (CIMAC).- En años recientes, algunas reivindicaciones como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo generó un debate inédito en la sociedad yucateca.

A partir de esta demanda impulsada por la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) salió a la luz pública la reticencia de varios sectores, la incomprensión de otros y el rechazo estatal.

Por ello, y a partir de la necesidad de hacer efectivos los Derechos Humanos (DH) en la sociedad yucateca, 13 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) editaron con apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU) el manual “Todas, todos, diversas, diversos, iguales en derechos”.

El propósito de la publicación, dirigida a la población en general, es generar información desde la óptica de los DH, la no discriminación y el acceso a la justicia, que resalte la importancia de reconocer las diversidades y erradicar cualquier situación de discriminación.

Esto es, se explica en la introducción, un requisito básico para generar condiciones reales de justicia y equidad en la sociedad yucateca.

Al tratar la salud sexual y reproductiva y la orientación sexual como un tema de DH, las organizaciones firmantes señalan que su propósito es “que las personas comunes en su vida cotidiana tengan más herramientas para ejercer sus derechos y contribuir a que los de todas las personas también sean respetados”.

A partir del principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, como ejes transversales en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con la publicación las OSC y la Oficina del Alto Comisionado buscan así contribuir a eliminar la brecha entre el discurso de los DH y las adversidades que enfrenta en el mundo real la población LGBTTTI.

“Todas, todos, diversas, diversos, iguales en derechos” se puede usar como folleto informativo o como cuaderno de trabajo.

Al final, se propone un cuestionario interactivo que permite a quien lo lea hacer una revisión de los principales derechos sexuales y de diversidad sexual que establece el derecho internacional en DH. Dos son los objetivos del derecho a la no discriminación, señala.

En primer lugar evitar que persistan las condiciones de exclusión que históricamente han sufrido colectivos, grupos sociales o pueblos por sus condiciones específicas, y lograr que se sitúen en igualdad de circunstancias ante el Estado y en su relación con las demás personas para ejercer plenamente sus derechos.

El cuaderno se publicó en el marco de la campaña “Vive la diversidad, termina con la discriminación” y para la Oficina del Alto Comisionado ayudará a la comprensión de la discriminación vinculada a la orientación sexual o a la identidad de género y a participar en la erradicación de sus nocivas consecuencias.

Entre las organizaciones se encuentran Buenas Intenciones, Centro de la Diversidad Sexual, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales, Ciencia Social Alternativa, Círculo Cultural por la Diversidad, Comisión de Pueblos Indios en VIH/SIDA, Equipo Indignación, Familias por la Diversidad Sexual, Foro Amaro, Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH/SIDA, Mango malva, Oasis de San Juan de Dios, Red de Personas Afectadas por VIH y Yucatrans. 

miércoles, 30 de marzo de 2011

“Nosotros, los otros” se transmite los martes a las 21:00 horas por Canal 22

Presentan Conapred y Canal 22 programa contra la discriminación

Leonardo Bastida Aguilar
México DFmarzo 29 de 2011.
Las personas con VIH, la comunidad lésbico-gay, las mujeres, los niños, la población afromexicana, y las personas con discapacidad son los protagonistas del nuevo programa de Canal 22 “Nosotros, los otros. El Espejo de la Discriminación”, realizado por el periodista Víctor Ronquillo con la finalidad de mostrar a la audiencia, la fuerte discriminación que se ejerce contra algunos sectores de la sociedad.
 
Estrenada el pasado 8 de marzo, la producción realizada por Canal 22 y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tiene como objetivo, aseguró Ronquillo durante la presentación oficial del programa televisivo en la Cineteca Nacional, “abatir la prácticas de discriminación y generar empatía entre los distintos miembros de la población”.
 
Recalcó que es el programa es producto de alianzas que pueden tener una incidencia en la sociedad, pues por medio de testimonios de las personas que sufren discriminación, se contextualiza la situación en general y se muestra como en México, las prácticas discriminatorias son más comunes de lo que piensa la población.
 
El autor de libros como El Blues de la Mataviejitas aseguró que esta producción busca tener un efecto positivo en los espectadores, quienes al escuchar y observar la situación de los miembros de grupos vulnerables a la discriminación, pueden dar cuenta de la gravedad del problema sin necesidad de hacer denuncias explícitas.
 
Por su parte, Ricardo Bucio, titular del Conapred, señaló que la difusión de la cultura de la no discriminación en espacios televisivos, es fundamental para revertir estas prácticas de la sociedad. Añadió que se necesitan formas creativas para poder erradicar la discriminación en el país porque existen maneras muy creativas de discriminar.
 
A su vez, Irma Pia González Luna, directora general de Canal 22, comentó que esta teleserie fue pensada para atraer a los jóvenes, porque son el sector más sensible al tema.
 
González Luna recalcó que la producción de este tipo de programas, el cual tuvo una inversión de un millón 600 mil pesos, responde al compromiso de Canal 22 de ser el canal cultural del país, y muestra otra faceta de las producciones televisivas sobre cultura, las cuales no necesariamente deben ser “sobre ópera”.
 
Explicó que “Nosotros, los otros. El Espejo de la Discriminación” consta de 13 programas, en los que se abordarán los temas de educación y la falta de políticas públicas, los derechos de las personas con discapacidad, discriminación por orientación o preferencia sexual, derechos de las niñas y los niños, población callejera, trabajadoras del hogar, derecho a la salud y VIH, y un capítulo final titulado “Los espacios de la discriminación”, en el que se hará una recapitulación de los 12 programas anteriores.
 
“Nosotros, los otros. El Espejo de la Discriminación” se transmite los martes a las 21:00 horas por Canal 22. Esta noche se presentará el capítulo Modernas esclavas: trabajadoras del hogar.

La Iglesia no puede cruzar los brazos ante el aborto y uniones gay: Íñiguez

El cardenal Juan Sandoval Íñiguez condenó las reformas legislativas que permiten la unión de personas del mismo sexo y la legalización del aborto, por lo que consideró que los fieles católicos no pueden quedarse con “los brazos cruzados”.

Al asistir en Puebla a la presentación del libro “El verdadero rostro del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez”, escrito por Manuel Reyes Brambila, el jerarca religioso evitó ahondar sobre la propuesta hecha en la entidad por el Partido Convergencia, al señalar que desconoce el panorama local.
Sin embargo dijo que a nivel nacional “Se ha reformado la Constitución. Son reformas muy inconvenientes contra la religión, la familia y la vida. A ver qué hacemos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados”, expresó.
En el Museo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Sandoval Íñiguez calificó las reformas legislativas como “inconvenientes” y estimó que en la propia Upaep hay expertos que pueden diseñar estrategias contra lo hecho por los legisladores.
“Estamos en una universidad católica con buenos peritos” que ya estudiarán estos temas constitucionales, para “ver qué hacemos”, aunque no precisó el tipo de acciones.
A decir de Sandoval Íñiguez, quien es considerado uno de los representantes del grupo más conservador entre los religiosos mexicanos, “es lamentable la discusión de temas que atentan contra la dignidad de las personas”.
Durante la presentación, el cardenal estuvo en todo momento acompañado por el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa y los obispos auxiliares Eugenio Lira Rugarcía y Dagoberto Sosa Arriaga.
La política y la economía debe tratarlos la Iglesia
La política y la economía son temas que deben ser tratados desde la Iglesia, ya “que si –los religiosos- nos quedamos con temas del templo, no trascendemos al sentir de la gente”, aseguró Juan Sandoval Íñiguez.
El jerarca católico sostuvo que la doctrina de la Iglesia Católica “debe, como lo estableció el Papa Juan Pablo II en sus compendios, involucrarse en los temas de educación, justicia, política, economía y muchos más, ya que la aplicación del evangelio debe alcanzar lo social y no quedarse en lo espiritual”.
Al comentar el libro “El verdadero rostro del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez”, señaló que se deben evitar las injusticias que se cometen en nuestro país, para lograr la sana convivencia entre las personas.
El religioso hizo hincapié en que México vive una situación difícil con la lucha que ha emprendido el gobierno federal contra el narcotráfico, así como diversos problemas sociales.

Mujeres pobres recurren a métodos inseguros

Restringir aborto, condena de muerte para latinoamericanas


Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 29 mar 11 (CIMAC).- Organizaciones por los derechos de las mujeres en América Latina (AL) afirmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los Estados de la región “atentan contra la vida” de la población femenina, al no garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Durante la audiencia temática sobre los derechos reproductivos de las mujeres de AL y el Caribe, realizada ayer en la sede del organismo internacional en Washington, Estados Unidos, las agrupaciones advirtieron que la falta de marcos jurídicos y políticas sanitarias que permitan el aborto legal pone en riesgo la vida de las latinoamericanas, sobre todo de las más pobres.

Manifestaron su preocupación por la falta de marcos jurídicos adecuados que garanticen el derecho a las mujeres a la salud reproductiva: “En la región existen cinco países que tienen totalmente penalizado el aborto: Chile Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Honduras”.

Como resultado de esta restricción absoluta niñas, jóvenes y adolescentes son obligadas a continuar con embarazos producto de una violación, afectando severamente su salud física, mental y emocional o a morir a causa de ello.

Agregaron que en otros países los códigos penales establecen algunas causales de excepción con diferentes grados de no punibilidad, sin embargo aún son muy restringidas ya que sólo contemplan los casos de violación sexual, peligro para la vida de la mujer o daños a su salud física. Entre estos países se encuentran Brasil, Bolivia Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Argentina Uruguay, Haití y Perú.

En la región latinoamericana sólo Cuba, Puerto Rico y la capital de México permiten la interrupción del embarazo temprano.

Las organizaciones afirmaron ante la CIDH que la penalización del aborto ha generado que las mujeres recurran a la interrupción insegura teniendo grandes repercusiones para su vida, salud, entorno familiar y social.

Las más afectadas ante esta realidad son las niñas y mujeres pobres de bajo nivel educativo o que viven en zonas rurales.

“La penalización no inhibe su práctica (del aborto); la mayoría de las leyes han pretendido resolver el problema del aborto mediante su prohibición lo cual se ha traducido en grandes consecuencias económicas, sociales, de salud pública y de justicia social para las mujeres de estos países sin lograr la disminución de la alta tasa de  abortos que existe en la región”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del total de abortos que se practican en condiciones inseguras en el mundo el 95.4 por ciento ocurren en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas.

En AL y el Caribe ocurren anualmente entre 3.9 y 4.2 millones de abortos inseguros. “Las cifras nos indican que la penalización ha generado que las mujeres recurran a la interrupción del embarazo inseguro”, advirtieron las agrupaciones.

En la audiencia temática de la CIDH participaron, en representación de 12 organizaciones de AL y el Caribe, Mariela Belski, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de Argentina; Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud y Coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre, de República Dominicana, y Margarita Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador.

También asistieron Marta María Blandón, de Ipas Nicaragua, y por México Vanessa Coria, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien en entrevista telefónica con Cimacnoticias calificó la audiencia como “exitosa”.

“Las y los comisionados se mostraron muy accesibles e interesados en plantear el tema como prioridad y mostraron su consternación sobre lo que significa la penalización del aborto. Se mostraron muy abiertos y complacidos con la información, lo que nos da buenas señales. Esperamos un pronunciamiento contundente”, abundó.

La mexicana subrayó la importancia de que por primera vez en la CIDH se escuche de primera mano las consecuencias de la penalización del aborto en la vida de las niñas y mujeres de la región, ya que esto abre la puerta para que se siga hablando del tema en un foro internacional que puede resolver casos, dar medidas cautelares y llevar a los Estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con sólo un millón de pesos, Clínica Condesa hace milagros

Hospitales del DF, sin recursos para atender violencia sexual  


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 29 mar 11 (CIMAC).- La violencia sexual aumenta cinco veces el riesgo de que las mujeres contraigan Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), por lo que para evitar el contagio deben recibir tratamiento durante las 72 horas posteriores a la agresión, señaló Ubaldo Ramos, director de la Clínica de Especialidades Condesa.

En entrevista, el médico experto en VIH informó que de 2008 a la fecha, la Clínica de Especialidades ha atendido a mil 400 víctimas de violencia sexual, de las cuales sólo 40 por ciento recibió tratamiento para evitar ITS, toda vez que el resto de las pacientes acudió después de los tres días de la agresión sexual.

A las personas que rebasaron el tiempo límite para la atención preventiva se les practicaron pruebas de detección de ITS, incluyendo VIH, y según su diagnóstico recibieron tratamiento. En todos los casos, la Clínica dio seguimiento por un año.

Tales acciones forman parte del programa Atención en Violencia Sexual que desde diciembre de 2008 opera la Clínica de Especialidades junto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La PGJDF canaliza a las víctimas de violencia sexual a la Clínica Condesa para prevenir ITS, así como embarazos no deseados, luego de que denunciaron ante el Ministerio Público.

A decir de Ubaldo Ramos, la operación del programa ha dado “buenos resultados” ya que el 95 por ciento de las más de mil personas que llegaron a la unidad médica por violencia sexual, fueron canalizadas por la Procuraduría capitalina.

El 97 por ciento de las víctimas de violencia sexual atendidas en la Clínica estaba integrado por mujeres de entre 14 y 16 años de edad. La mayoría de ellas vivía en Iztapalapa, aunque hubo casos de todas las delegaciones del Distrito Federal.

El 80 por ciento de estas agresiones ocurrió en la vía pública, por uno o más desconocidos, detalló Ubaldo Ramos.

De acuerdo con el especialista, el riesgo de que las mujeres contraigan VIH durante una violación aumenta cinco veces en comparación con una práctica sexual desprotegida, debido “a los desgarres y fisuras vaginales frecuentes en la agresión”.

“Las víctimas de violencia sexual tienen mayor riesgo de contagio porque son receptoras de las secreciones del agresor, además, las mujeres son más vulnerables si tienen alguna infección vaginal”, abundó.

Para evitar la transmisión de ITS, incluido el VIH, el personal de la Clínica Condesa evalúa el riesgo al que estuvo expuesta la víctima para prescribir un método preventivo (profilaxis) conforme lo indica la Norma Oficial Mexicana (NOM-046) Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

La Clínica también ofrece el método de anticoncepción de emergencia cuando las víctimas demandan la atención dentro de las 72 horas posteriores a la agresión.

Cuando las víctimas rebasan el tiempo límite se les realizan pruebas de embarazo y ultrasonido. Las mujeres que están dentro de las 12 semanas de gestación son canalizadas para tener acceso a la ILE en los servicios de salud del DF.

De 2008 a la fecha, sólo cinco mujeres de las más de mil 400 víctimas de violencia tuvieron acceso a la ILE, debido a que “llegaron otros casos de embarazo, pero ya no pudimos hacer nada, porque rebasaban las 12 semanas de gestación”, explicó Ramos.

Al respecto la NOM-046 señala que las instituciones públicas de salud “deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad a solicitud de su padre o su madre”.

Ramos mencionó que la Clínica de Especialidades fue elegida para atender a las víctimas de violencia sexual en el DF, toda vez que el resto de las unidades médicas en la capital no cuentan con recursos para este fin, a pesar de que la NOM-046 plantea que quienes sufran violencia sexual pueden acudir a “las instituciones prestadoras de servicios de atención médica”.

De acuerdo con información de la Asamblea Legislativa del DF, se le asignó un millón de pesos a la Clínica de Especialidades para operar el programa Atención en Violencia Sexual durante 2011, cantidad “suficiente” para atender a esta población, concluyó Ubaldo Ramos.

Panamá aún debe la tarea

EVALUACIÓN DE LA COALICIÓN MESOAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD


COLOMBIA. La Constitución de 1991 marcó un hito en la educación sexual, toda vez que contempló los derechos sexuales y reproductivos, tanto en los derechos fundamentales como en los sociales, económicos y culturales. LA PRENSA/Jazmín Saldaña
ALEIDA SAMANIEGO C. 
ansamaniego@prensa.com

José Luis es un joven de 15 años que ha aprendido todo lo que sabe de sexo intercambiando comentarios con sus compañeros de colegio y con amigos de su comunidad.
Este adolescente dice, entre sonrisas, que lo más importante a la hora de tener relaciones con su novia, de 14 años, es el condón, al que él llama “el capote”. José está consciente que el preservativo es una herramienta útil para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, aunque no sabe explicar exactamente cuáles.
Así como él, muchos adolescentes pasan de las “agarraditas” de mano a las caricias, los abrazos y finalmente a las relaciones sexuales, pero la mayoría no tiene ni la mitad de la información que José posee.
Para tratar de frenar estas conductas o minimizar los riesgos de enfermedades y embarazos no deseados en los jóvenes, en países como Colombia, Argentina y Chile han apostado a la educación integral en sexualidad en las escuelas.
Contrario a esto, en Panamá, a pesar de los intentos que se hacen desde hace tres años por normar el tema, aún no se logra consenso sobre el marco legal que establecerá los parámetros para la enseñanza de la salud sexual y reproductiva.
Los vecinos lo hacen
En Colombia, en la década de 1970, las corrientes internacionales que fomentaban el control de la natalidad influyeron en las temáticas que entonces se trataban de forma ocasional en la escuela, en las cátedras de Ciencias Naturales y Salud o Comportamiento y Salud en las cuales se abordaba el tema de la sexualidad y la prevención. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990, con la Constitución de 1991, que se marca un hito en materia de educación sexual.
El Ministerio Nacional de Educación de Colombia indica en su página web que el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía fue validado entre 2006 y 2007, tiempo en el que se concertó, probó y ajustó su propuesta pedagógica, conceptual y operativa en 53 instituciones educativas que reúnen a 235 sedes de 5 regiones del país.
El objetivo del programa es “generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y de esa manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás”.
Rocío Hernández, una madre colombiana, cuenta que la materia –para su hija de 13 años– se llama “Con Sentido” y que la recibe tres horas a la semana. Detalló que allí le enseñan a las chicas cómo deben cuidarse para evitar quedar embarazadas, así como las consecuencias del alcohol, el cigarrillo y las drogas.
En Argentina, en tanto, en 2006 se creó mediante ley el Programa Nacional de Educación Sexual, y se aprobaron los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral que los docentes del país aplican para la enseñanza a niños y jóvenes.
El caso local
En Panamá, el tema está nuevamente sobre el tapete, con la presentación de un nuevo proyecto por parte de la presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, Marilyn Vallarino, y aunque pareciera que hay consenso sobre la pertinencia de educar a los niños y jóvenes sobre sexualidad, el cómo y el quién siguen generando polémica y dilatando el debate.
José Ángel Aguilar, secretario general de la Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad y miembro de la Red de Democracia y Sexualidad (con sede en México), señaló que Panamá tiene un rezago en llevar el tema a las aulas. Una evaluación realizada por la Coalición Mesoamericana indica que tras dos años de haberse firmado la “Declaración Ministerial” relativa a Prevenir con Educación, Guatemala muestra un avance de 56%, Perú 47%, México 38%, Nicaragua 38%, Costa Rica 37% y Panamá 26%. Sin embargo, en el caso de Panamá este porcentaje está basado en las acciones realizadas en salud, ya que en el área de educación no se ha hecho nada.
Los avances como región tampoco son halagadores. El secretario de la comisión acotó que la región mesoamericana solamente ha materializado un 30% de los compromisos adquiridos por los ministros de Salud y Educación en la Declaración Ministerial firmada en la XVII Conferencia Internacional de Sida, en agosto de 2008.
Recordó que entre los compromisos más importantes están que para 2015 se debe haber reducido en 75% la brecha entre el número de escuelas que actualmente no ha institucionalizado la educación integral en sexualidad.
La diputada Vallarino aseguró que está consciente que se requiere legislar sobre el tema, y que con el fin de establecer políticas públicas de prevención y atención para la calidad de vida y protección de la familia presentó un proyecto de ley.
Vallarino agregó que la comisión esta abierta al diálogo y que el proyecto puede ser modificado. “Pero quienes se oponen no pidan eliminar artículos sin las debidas consultas”, remarcó.
El ex ministro de Salud y especialista en sexología Guillermo Rolla Pimentel indicó ayer –tras una primera revisión a la ley propuesta por la diputada– que está en “general bien, pero hay algunas terminologías que deben ser modificadas. Incluso, puede ser complementada con aspectos importantes que no se han considerado y que están en la Ley 442”.
Explica que el concepto del derecho a la reproducción debe estar bien establecido. “En ambas leyes no se menciona la importancia de la satisfacción placentera como medio de sostener armonía y la unidad de pareja en familia y la influencia que una educación e información sexual puede tener en prevenir las desorientaciones y disfunciones sexuales”.
La presidenta de la Asociación de los Padres de Familia de Panamá, Aixa Gómez, aseveró que nunca se han opuesto al tema, pero que mantienen su posición de que todo tiene su etapa.
Enfatizó que la educación comienza con la enseñanza de los valores morales, que llevan a tener buenas actitudes, convirtiéndose en la base de una personalidad bien hecha.
Elsa Berroa, directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, dijo por su parte que en los colegios particulares se enseña educación sexual resaltando la importancia de los valores. Mencionó, además, que todos los jóvenes deben tener acceso a la información por igual, ya que una persona informada es una persona con conocimiento.
El Ministerio de Educación mediante relaciones públicas indicó –sin dar detalles– que ellos están analizando varias propuestas.

martes, 29 de marzo de 2011

Convocatoria: "Solicitudes de Membresía de la Coalición de Jóvenes por la Educación y Salud Sexual (COJESS)"

Estimadxs integrantes del cjovenes,

Les recordamos enviar su formato de solicitud para integrar la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual al correo membresias.cojess@gmail.com

Las convocatorias para ser parte del Comité Coordinador de la Coalición, así como para otras actividades relacionadas al trabajo como coalición serán enviadas únicamente a las personas que envíen su solicitud y sean aceptadas, esperamos poder contar con todas las personas que han estado activas durante estos años y agilizar mucho más nuestra comunicación como coalición con los nuevos mecanismos.


Queremos insistir también en que creemos que el cjovenes aporta mucho desde la diversidad de sus miembros y queremos que esta plataforma de información crezca mucho más.


Les recuerdo el perfil para ser integrante:

Activistas jóvenes de 15 a 29 años de edad,
·      Con trabajo y/o interés en Derechos Sexuales y Reproductivos desde una perspectiva juvenil

·      Con interés en el trabajo de incidencia política

·      Con un profundo respeto y compromiso hacia el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo el aborto.

·      Y con un profundo respeto y compromiso hacia el derecho que tienen las personas a ejercer libremente su sexualidad, incluyendo su orientación sexual e identidad de género.

Los formatos los pueden solicitar por vía email en membresias.cojess@gmail.com .

lunes, 28 de marzo de 2011

Defensoras de DH presentan denuncias ante la CIDH

Estados de AL criminalizan a activistas  


Por la Redacción (CIMAC)

México, DF, 28 mar 11 (CIMAC).- Organizaciones de América del Sur denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las y los defensores enfrentan cuatro obstáculos para realizar su trabajo: el desprestigio, leyes arbitrarias, un poder judicial que criminaliza, y amenazas por parte del Estado.

Durante la audiencia temática “Situación de defensores y defensoras de Derechos Humanos en América del Sur”, que se realizó el 25 de marzo en Washington, Estados Unidos, ocho organizaciones de países como Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil advirtieron que las y los activistas enfrentan problemas que restringen la capacidad ciudadana para proteger las garantías humanitarias.

En la audiencia realizada como parte del 141 periodo de sesiones de la CIDH, Emilie Joly, coordinadora del área de Acceso Igualitario a la Justicia de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), señaló que los Estados de América del Sur tienen cuatro “modos operandi” que dificultan el trabajo de las organizaciones defensoras de los DH.

Emilie Joly dijo que el uso arbitrario de las leyes; el desprestigio, difamación y estigmatización; la criminalización de líderes sociales a través del Poder Judicial; el hostigamiento y amenazas que el Estado ejerce, así como la impunidad y falta de investigación reflejan la situación que viven las y los defensores.

Las organizaciones dijeron que la situación de México es similar porque también se han documentado hostigamiento, amenazas e incluso asesinatos de activistas. Sólo en 2010 la Organización de las Naciones Unidas registró cinco asesinatos de defensores, tres de los cuales fueron de mujeres.

Emilie Joly destacó que esta situación muestra que en la región se limita y castiga el trabajo de las y los defensores y resaltó que si bien no todos los mecanismos son usados por el Estado, la impunidad, la falta de investigaciones y el incumplimiento de los estándares internacionales en la materia facilitan que estos crímenes se repitan.

Ante este panorama, las organizaciones pidieron a la CIDH que organice una conferencia regional para analizar esta situación con mayor detenimiento, que adopte mecanismos decisivos para dar seguimiento a las medidas cautelares, y que recomiende a los Estados atacar las causas del hostigamiento contra defensores en vez de formular leyes intimidatorias.

Legislación es cada vez más restrictiva: GIRE

México, en el “subdesarrollo” en leyes sobre aborto 


De la Redacción (CIMAC)
México, DF, 28 mar 11 (CIMAC).- A contracorriente de la tendencia mundial entre los países en desarrollo para ampliar las causales de la interrupción legal del embarazo (ILE) y despenalizar el aborto, en México la legislación restringe cada vez más los derechos de las mujeres a decidir sobre la maternidad.

En su estudio, “Leyes del aborto en el mundo”, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reporta que 22 países con índice de desarrollo medio y alto modificaron sus leyes, para ampliar las causales que permiten el aborto, y en siete de ellos esta práctica se despenalizó con el fin de procurar la salud reproductiva de las mujeres.

En contraste, advierte GIRE, en México 17 estados (más de la mitad) han penalizado la ILE en los últimos tres años.

En la investigación, GIRE indica los rezagos y avances en derechos sexuales y reproductivos en países desarrollados y subdesarrollados.

La organización civil insiste en que mientras la tendencia de los países es hacia la “liberalización” del aborto, en México la legislación es restrictiva, y la ILE sólo está permitida en algunas circunstancias y en general se carece de mecanismos que permitan el ejercicio de este derecho.

Detalla que de 2008 a la fecha, 17 entidades federativas cambiaron sus leyes locales con la finalidad de penalizar el aborto, por lo que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos varía de un estado a otro.

GIRE refiere que a partir de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo, realizada en 1994 en El Cairo, donde 170 países se comprometieron a procurar la salud reproductiva de las mujeres, 22 naciones aumentaron las causales que permiten el aborto, y entre ellas está la admisión de la ILE cuando sea a voluntad de las mujeres.

De los más de 20 países que cambiaron sus legislaciones, siete despenalizaron el aborto dentro del primer trimestre de gestación.

A estas naciones se suman 12 países que tras la Conferencia de El Cairo mejoraron sus mecanismos de acceso al aborto legal. Y sólo tres países hicieron cambios restrictivos.

GIRE enlista a Chile, El Salvador y Nicaragua, como los países donde el aborto está totalmente prohibido, incluso si el embarazo es producto de una violación sexual o si pone en riesgo la vida de la mujer.

La situación de estas naciones latinoamericanas –lamenta GIRE– refleja “el fuerte poder cultural y político que ejerce la jerarquía conservadora de la Iglesia católica” en la región.

En contraste, en 56 naciones el aborto es legal sin restricciones hasta las 12 semanas de gestación, entre ellas Cuba, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, Francia, Grecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Armenia, China, Nepal, Turquía, Sudáfrica y Túnez.

Los países que permiten el aborto para salvar la vida de la mujer son 65 de los cinco continentes, entre los que se encuentran México, Brasil, Venezuela, Irlanda, Mónaco, Indonesia, Filipinas, Afganistán, Kenia y Nigeria.

Mientras que el aborto es permitido en 35 países cuando está en riesgo la salud física de las mujeres, por ejemplo en Argentina, Perú y Uruguay.

La interrupción del aborto es legal en 23 países para preservar la salud física y la vida de la mujer.

En tanto, el aborto está permitido en 14 países por razones económicas, además de preservar la vida de las mujeres.

De acuerdo con el estudio de GIRE, las legislaciones que restringen el aborto varían de forma importante según el nivel de desarrollo de los países.

En 84 por ciento de los países desarrollados la interrupción del embarazo es legal cuando éste es producto de una violación sexual, mientras que sólo 37 por ciento de los países en desarrollo admite el aborto por esta causal.

Otro ejemplo es que el aborto por voluntad de la mujer es permitido en 67 por ciento de los países desarrollados, mientras que esta circunstancia se repite sólo en 15 por ciento de las naciones subdesarrolladas.

En su análisis, GIRE concluye que la legislación en aborto es “significativamente más restrictiva en países en desarrollo, lo cual evidencia y profundiza la inequidad social y aumenta los riesgos de morbilidad y mortalidad para las mujeres en edad reproductiva”.

En el mundo cada año se registran 210 millones de embarazos, de los cuales 80 millones terminan en aborto y de éstos más de la mitad son inducidos, de acuerdo con Belkis Aracena, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En un comunicado, el INSP refiere que del total de abortos inducidos, alrededor de 20 millones se practicaron en condiciones inseguras, casi todos en países en desarrollo. 

El texto expresa “preocupación” por actos de violencia por orientación sexual

Presentan 82 Estados ante la ONU declaración conjunta a favor de la diversidad sexual

Redacción NotieSe







México DFmarzo 24 de 2011.
Más de 80 Estados presentaron el pasado martes en el 16 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) una Declaración Conjunta contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género mediante la que se insta a los países a enfrentar este problema.
 
El documento fue leído por la representante de Colombia ante la ONU, Alicia Victoria Arango Olmos, en nombre de los 82 Estados, posterior a ello se sumaron tres y quedó abierta la posibilidad de que adhieran más. El texto ha contado así con la mayor cantidad de Estados que apoyan una declaración sobre orientación sexual o identidad de género.
 
En la Declaración, que contó con el respaldo del Estado chileno tras diversas gestiones del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual ante la Cancillería de ese país, se expresó “preocupación por la evidencia continua en todas las regiones de los actos de violencia y de las violaciones de los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género, incluyendo asesinatos, violación, tortura y las sanciones penales”.
 
El grupo de países elogió además “la atención prestada a estos temas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluidos los correspondientes procedimientos especiales y órganos de tratados, y acogió con satisfacción la continua atención a estas cuestiones apremiantes en el contexto del Examen Periódico Universal”, indicó en su sitio web la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
 
La instancia añadió que los Estados “también reconocieron la sensibilidad de estos temas, incluso en sus propias sociedades. En este sentido, es importante trabajar para el diálogo respetuoso y el reconocimiento compartido de que nadie debería enfrentar el estigma, la violencia o abuso en cualquier terreno”.
 
Junto con instar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a considerar la realidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, el grupo de países “aprovechó la oportunidad para renovar su compromiso de abordar la discriminación en todas sus formas”, apuntó la Oficina.
 
Países que apoyaron la Declaración
 
Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, AustriaBélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Centroafricana, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiyi, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, LituaniaLuxemburgoMalta, Islas Marshall, México, Micronesia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Palaos, Panamá, Paraguay, PoloniaPortugalRumania, Ruanda, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Timor Oriental, Tuvalu, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos, Uruguay, Vanuatu, Venezuela y la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Irina Layevska protagoniza Morir de Pie, de Jacaranda Correa

Documentan historia de mujer transexual

Rocío Sánchez
Irina Layevska. Foto: Antonio Medina







México DFmarzo 24 de 2011. (Notiese)
Irina fue, la mayor parte de su vida, un personaje. Nació en un cuerpo masculino que después fue afectado por una polineuropatía degenerativa. Su lucha personal y política fueron cobijadas por su parecido con Ernesto “Che” Guevara, a quien, dice, le debe haber aprendido a vivir, a no derrotarse.
 
La historia de esta mujer transexual con discapacidad se narra en el documental Morir de Pie, dirigido por Jacaranda Correa y producido por Martha Orozco, el cual competirá en la categoría de Largometraje Documental Mexicano del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
 
Este miércoles se llevó a cabo una presentación previa al festival que se efectuará del 25 de marzo al 1 de abril. A la proyección asistieron Irina y su esposa Nélida, con quien se ha casado dos veces: con su identidad anterior y con su identidad legal actual.
 
“La verdadera heroína de esta película es Neli, y tengo que darle las gracias por estar”, dijo Irina ante un centenar de asistentes al Antiguo Colegio de Medicina, en el Centro Histórico, quienes aplaudieron el trabajo durante un minuto.
 
Por su parte, la directora del filme afirmó que al conocer la historia de esta pareja de mujeres eliminó de su vocabulario la palabra tolerancia. “Se comprende, pero no se tolera”, aseveró y confió en que su trabajo audiovisual “sirva para decir lo que siempre hemos pensado: no al pensamiento único”.
 
Morir de pie, producción del Instituto Mexicano de Cinematografía con el apoyo del Canal 22, se presentará en el festival el martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de marzo. Para consultar la programación completa, se puede ingresar al sitio web www.ficg.org

Lydia Cacho Plan b


Los Generales de la muerte



México, DF, 28 mar 11 (CIMAC).- Halconas (las vigías del narco) hay como unas cuatro en cada red. Son mujeres pobres, gordas, todas jodidas, pero también se mueren. Con ellas no batallo, simplemente les pongo un hilo en la cabeza y se ahogan. No deben vivir”.

Esta es una de las declaraciones grabadas del general Carlos Bibiano Villa, ex secretario de Seguridad Pública de Torreón, recién nombrado para el mismo puesto en Quintana Roo. No es el único militar que cree en la pena de muerte y en el asesinato como método de justicia, casi todos la suscriben.

En la mayoría de las 32 entidades federativas los gobernadores, ineptos, han aceptado que la Sedena imponga directivos policiacos.

El argumento para que los militares asuman tareas de seguridad pública es que las policías locales fueron cooptadas por los cárteles de la droga y operan a su favor, y que son ellos los únicos que pueden sacar al país de esta violencia.

Se argumenta que ante una situación excepcional se deben tomar medidas excepcionales (a pesar de que éstas incluyan violar la Constitución) y aunque metan al país en una lógica bélica y no de prevención del delito.

Quienes creen en la mano dura como solución dicen preferir sacrificar libertades y derechos para sentirse más seguros, pero ¿en verdad mejoró la seguridad?

En 2009, el general Urbano Pérez Bañuelos llegó de Tamaulipas para dirigir la policía de Cancún. Durante su mandato se triplicó el secuestro, aumentó cuatro veces el robo a mano armada y las extorsiones se duplicaron. Se negó a colaborar con el MP y la Policía Judicial por desconfianza.

Bañuelos mantuvo bajo detención ilegal a defensoras de Derechos Humanos. Se hizo famoso por su desprecio a periodistas y se negó a rendir cuentas.

En 2010 la SIEDO le hizo una auditoría por la desaparición de 21 millones de pesos destinados a renovar la policía local, y desapareció del puesto. Al poco tiempo la Sedena envió en su lugar al general Alejandro Cárdenas. Los resultados no fueron mejores: las arrendadoras de autos tuvieron un aumento en las denuncias de turistas extorsionados por la policía turística a cargo de militares.

Todos ellos coinciden en una cosa: están aquí para combatir a la delincuencia organizada, es decir al 20 por ciento de los delitos ¿y la prevención y seguridad pública del fuero común? No parece importarles.

En Tijuana el teniente coronel Julian Leyzaola dijo: “¿Para qué ando atendiendo a esos malandrines (delincuentes comunes)? A esos, a coscorrones los disciplino, pero a aquéllos (los capos) no, a aquéllos sí tengo que enfrentarme con ellos, por eso la gran diferencia”.

Con Leyzaola en Tijuana, enviado ahora a Ciudad Juárez, hubo un incremento de 90 por ciento de asaltos en las calles y se normalizó el arraigo con propósito de tortura.

Lo cierto es que el 88 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común; sin embargo los militares aseguran que su tarea es, en voz de Leyzaola, “aplicar los códigos de honor contra quienes deben morir”.

En Tijuana torturó a 25 policías que fueron exonerados por falta de pruebas. A seis inocentes les puso bolsas de plástico en la cabeza y aplicó toques eléctricos en los pies porque “sospechaba” que eran malandros.

Recientemente se organizó una marcha en Cancún para exigir a Roberto Borge, el gobernador electo, que no acepte a Bibiano Villa; los organizadores recibieron una visita en su hogar de militares encapuchados, amenazándolos de muerte, y apareció un “narcomensaje” contra Villa que a todas luces parece un montaje para justificar su presencia.

Ha llegado el momento de cuestionar el control de las policías civiles por parte de los militares, sin despreciar la valía del Ejército en otras tareas. La gran mayoría de éstos aplican técnicas de guerra contra la delincuencia y no creen en los procedimientos de justicia establecidos por la ley, ni en los Derechos Humanos.

Con sus métodos alejan al país de la posibilidad de renovar y mejorar el sistema de justicia penal. Y peor aún, al concentrarse en los capos de la droga, dejan a las y los ciudadanos a merced de la delincuencia común y la impunidad: a las pruebas me remito.

www.lydiacacho.net  Twitter: @lydiacachosi

* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.